La asistencia personal (AP) es un servicio de apoyo a la Vida Independiente y la promoción de la autonomía de las personas con diversidad funcional.
Mediante la figura del asistente personal, permite a las personas con diversidad funcional asumir plena responsabilidad y control sobre sus vidas. Proporciona soluciones personalizadas y posibilita así la independencia, la igualdad de oportunidades y la participación social.
¿Qué es un asistente personal?
Es una persona que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra que no puede hacer por sí misma, en este caso una persona con diversidad funcional.
Las tareas que puede realizar un asistente personal son diversas y varían en función de las necesidades específicas del usuario/a para el que trabaja. Las más habituales son personales, del hogar, acompañamiento, conducción, etc.
¿Quien puede ser beneficiario?
Los perceptores potenciales de asistencia personal son las personas que por una diversidad funcional no pueden realizar las tareas y actividades de la vida diaria por sí mismas y requieren por tanto de una ayuda.
En función de sus necesidades, requerirán un número determinado de horas diarias destinadas a la asistencia personal que se deberán justificar ante la administración correspondiente.
AP en España
Se menciona por primera vez en la Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, para la Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU). Tres años mas tarde, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LEPA), la menciona y define. Sin embargo, ni la Ley ni sus desarrollos reglamentarios posteriores la regulan laboral o jurídicamente. El resultado de esta situación desemboca en el carácter residual de la AP en España en comparación con otros países europeos.
Rentabilidad social y económica
La asistencia personal es una inversión en empleo directo y de calidad, minimiza márgenes e intermediarios y es más rentable y eficiente que otros servicios segregadores. Permite a las administraciones públicas ahorrar miles de euros por persona respecto a sistemas asistenciales como residencias.
Posibilita además que la voluntad y los derechos de las personas con diversidad funcional sean respetados y puestos en igualdad respecto a las personas sin diversidad funcional.