En un coloquio celebrado en Santiago de Compostela con representantes del Tercer Sector, las organizaciones de Vida Independiente exigieron que el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia garantice un «suelo común estatal» exento de copagos y adaptado a las necesidades reales de cada persona.

Santiago de Compostela, 23 de septiembre de 2026

La Federación Española de Vida Independiente (FEVI) y la entidad gallega VIGALICIA participaron en el día de ayer en un coloquio institucional en Santiago de Compostela junto a la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales y diversos colectivos del Tercer Sector de los servicios sociales. Durante la reunión, ambas organizaciones trasladaron la propuesta del movimiento de Vida Independiente para blindar una Asistencia Personal (AP) real, gratuita y autogestionada en el desarrollo normativo posterior a la reforma de la Ley de Dependencia (LEPAP).

Las entidades recordaron que, entre los años 2006 y 2024, el Estado español ha invertido entre 70.000 y 100.000 millones de euros en la aplicación del sistema de dependencia. Sin embargo, denunciaron que este volumen de recursos públicos ha alimentado un entramado asistencial y burocrático que no ha garantizado el acceso pleno a una ayuda humana que permita a las personas con discapacidad ejercer su autonomía e inclusión comunitaria con plena dignidad.

Durante la intervención, VIGALICIA y FEVI subrayaron la urgencia de que los Ministerios de Servicios Sociales y Trabajo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, fijen siete garantías fundamentales en el desarrollo legislativo:

  • Modelo basado en Derechos Humanos: Cumplimiento estricto de la Convención de la ONU. El servicio debe organizarse adaptándose a la persona y a su proyecto de vida, desmarcándose de dinámicas asistencialistas o tutelares.
  • Exención absoluta de copago: Gratitud total de la prestación, impidiendo que el servicio se reduzca por razones de renta, patrimonio o capacidad económica del usuario.
  • Suficiencia financiera real: Exigencia de que la asignación pública por hora cubra el 100% de los costes laborales reales para evitar copagos encubiertos que obliguen a la persona a recortar horas o asumir costes.
  • Evaluación individualizada de horas: Asignación de horas basada en las necesidades e itinerario de vida de cada individuo, eliminando topes máximos o fórmulas automáticas asociadas al grado administrativo.
  • Elección y control directo: Libertad para que la persona beneficiaria decida quién le presta el apoyo y bajo qué modalidad, sin sufrir minoraciones económicas ni penalizaciones en el número de horas asignadas.
  • Contratación directa y marco laboral adaptado: Creación de una Relación Laboral de Carácter Especial para la Asistencia Personal que reconozca la figura del usuario-empleador con fórmulas ágiles (incluido el desistimiento). Se propone una formación básica progresiva (13 y 32 horas) no medicalizada, reservando a la propia persona la capacitación sobre sus rutinas e intimidad.
  • Suelo común territorial: Fijación de bases comunes por parte del Estado (al amparo del Art. 149.1.1.ª de la Constitución) para asegurar que el ejercicio de la autonomía no dependa del código postal de residencia.

Desde FEVI y VIGALICIA concluyeron que la respuesta pública debe asegurar que ninguna persona pague por los apoyos humanos que necesita para vivir de forma independiente y dirigir su propia vida, instando a las distintas administraciones a colaborar para convertir estas exigencias en garantías legislativas definitivas.