Realizado por Nils Muižnieks, Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras su visita a España, del 3 al 7 de junio de 2013
El Comisario Nils Muižnieks y su delegación visitaron España del 3 al 7 de junio de 2013. En el transcurso de la visita, el Comisario celebró debates con las autoridades estatales y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. El presente informe se basa en los temas tratados durante la visita del Comisario, y se centra en las cuestiones de derechos humanos que figuran a continuación.
Resumen en lo relativo a la situación de las personas con diversidad funcional
II. Repercusiones de la crisis económica y de las medidas de austeridad fiscal en las personas con discapacidad
Si bien acoge con agrado las mejoras considerables introducidas en el marco político y jurídico que aspira a promover y proteger los derechos humanos de los 3,8 millones de personas con discapacidad en España, el Comisario expresa su inquietud por las repercusiones sumamente desfavorables que los recortes presupuestarios han tenido en las condiciones de vida de estas personas y en su inclusión social. Hasta la fecha no se ha realizado todavía ninguna evaluación de los efectos de los recortes presupuestarios en las personas con discapacidad. Al Comisario le preocupan los inconvenientes de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, de 2006 (en adelante, Ley de Autonomía), tales como la estricta clasificación de las personas con discapacidad en función de sus niveles de discapacidad diagnosticada. También le preocupa que la crisis económica y las restricciones financieras hayan socavado la mayoría de las políticas y programas encaminados a promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, incluidas las medidas encaminadas a mejorar la accesibilidad a los servicios generales, así como al empleo y los programas de formación. Dada la elevada tasa de desempleo entre las personas con discapacidad, estimada en más del 30%, se pide encarecidamente a las autoridades que eviten limitar las oportunidades de formación y asistencia en el ámbito del empleo para estas personas. Al Comisario le preocupan en particular los efectos que los recortes en los presupuestos destinados a la educación puedan tener en la inclusión de los niños con discapacidad en el sistema general de enseñanza, habida cuenta de la elevada tasa de abandono escolar entre estos niños que se registra actualmente en España. Se insta a las autoridades a que se centren en mayor grado en las necesidades de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, y redoblen sus esfuerzos por atenderlas, ya que, en la actualidad, 10.000 de ellas carecen de vivienda, y los recortes presupuestarios amenazan el modelo de salud mental comunitario que se introdujo en España en 1986. El Comisario exhorta a las autoridades españolas a que concluyan sin demora el proceso de reforma de la legislación sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y a que garanticen su plena participación en la vida política y pública del país, cumpliendo así con los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y con las normas del Consejo de Europa.
