Desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han elaborado un “Marco Estratégico de la desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad” que consiste en hacer resis cuquis y en mantener el ejército de esclavas que se ocupan de los cuidados obligatorios.
Según la Observación General nº5 de la ONU deberíamos tener un plan de desinstitucionalización desde 2008. Se ponen a ello 15 años tarde, al final de una legislatura, con prisas y mal. Ni siquiera asumen el marco que proporciona la ONU (Convención + Directrices de Desinstitucionalización + Observación General nº5) como eje fundamental de cualquier proceso de desinstitucionalización. Esconden los mandatos de la ONU para proteger a la industria de la discapacidad y sus puertas giratorias con el Ministerio.
Juntar diferentes colectivos (discapacidad, dependencia, sinhogarismo, menores tutelados) debería haber servido para que la transversalidad facilitase que los procesos más maduros impulsasen al resto. En cambio, se ha utilizado la transversalidad para diluir los mandatos internacionales más claros. Infancia ya tiene fechas concretas para una desinstitucionalización total, la diversidad funcional un método claro y sencillo ordenado por la ONU: no se crean plazas nuevas, no se reocupan plazas liberadas, se generan sistemas alternativos de asistencia personal. En lugar de utilizar esos dos puntales para calendarizar una reconversión industrial que posibilitase una desinstitucionalización generalizada, real e irreversible como garantía de derechos y libertades fundamentales, se ha generado un documento marco que resulta ser un blablabla de vaguedades que permiten a la industria segregadora seguir triturando carne sine die a cambio de hacer sus granjas más cuquis y tenerlas «mejor situadas» Mientras, daremos palmaditas en la espalda y «respiros» al ejército de mujeres esclavizadas en los cuidados «informales» obligatorios y diremos que somos muy feministas.
Se ha decidido ignorar el marco de la ONU, las experiencias «piloto» iniciadas hace 17 años (Ayuntamiento de Barcelona, Comunidad de Madrid), los estudios sobre eficiencia económica de la asistencia personal (SROI) y, en general, todo aquello que pudiese incomodar a la industria de la dependencia. El resultado será más segregación, más violencia, más muertes, más vidas no vividas. No habrá paz para quienes perpetran este crimen llamado «documento marco». Naciones Unidas exige cerrar todas las instituciones porque, afirma, toda forma de institucionalización es violencia. Exige desinstitucionalizar para proteger nuestras vidas, para evitar la violación sistemática de derechos y libertades fundamentales que cada día y cada noche se comete en España contra 300.000 personas a las que se está dejado tiradas. No hay excusa posible. Sabemos lo que está pasando, sabemos lo que exige la ONU, sabemos cómo hacerlo y sabemos que funciona. Pero el Ministerio no quiere decirlo, no quiere hacerlo. No habrá paz para los colaboracionistas; cada día y cada noche esas 300.000 vidas no vividas pesarán sobre sus conciencias.