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Posteriormente, en 2009, se constituyó un Comité Específico para hacer el seguimiento de la aplicación de la Convención por los Estados Partes, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 34 de la misma.
Tras una revisión inicial de los primeros informes nacionales, constató con preocupación las múltiples formas de discriminación que estaban sufriendo las mujeres y las niñas con diversidad funcional, que estaban impidiendo su participación efectiva en todas las esferas de la vida en igualdad de condiciones con las demás personas.
Además, el Comité también expresó su preocupación por la violencia y los malos tratos de los que estaban siendo víctimas, así como por las restricciones impuestas a sus derechos sexuales, reproductivos y vinculados con la maternidad. Finalmente, el Comité también constató que, el género no estaba siendo una cuestión transversal de los planes nacionales y que las políticas de género no incluían una perspectiva de diversidad funcional.
Tanto la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016, como la revisión del Protocolo Común para la actuación sanitaria ante la violencia de género (2012), abordan en cierta medida la cuestión de la violencia sobre las mujeres con diversidad funcional.
Todo lo expuesto queda reflejado en los datos que se exponen a continuación:
- La Encuesta del INE (2008) , fija en 3,85 millones las personas mayores de seis años que tienen discapacidad. El 60% son mujeres. Es decir en España viven 2,31 millones de mujeres con discapacidad.
- Uno de los estudios a los que se hace referencia en este texto es la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2015) en la que se diferencian las siguientes formas de violencia.
Algunos de los datos más destacables:
- Un 23% de mujeres con diversidad funcional manifiesta haber sufrido violencia física, sexual o miedo frente a un 15% de mujeres sin diversidad funcional
- El 20,6% de mujeres con discapacidad declaran que su pareja le ha insultado o hecho sentirse mal.
- El 14,7% declaran que a lo largo de su vida le ha sucedido que su pareja le ignoraba o trataba con indiferencia.
- El 9,7% declaran que su pareja le impide/impedía tomar decisiones relacionadas con la economía familiar y/o realizar las compras de forma independiente
- El 7,3% de mujeres con diversidad funcional declaran que su pareja le ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle daño, un 7,4% le ha empujado, agarrado o tirado del pelo, un 4,6% le ha dado patadas, arrastrado o pegado y un 2% le ha intentado asfixiar o quemar y le ha amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo o alguna otra arma.
En todas estas formas de violencia las mujeres con diversidad funcional tienen un porcentaje significativamente mayor que el resto de mujeres.
- Finalmente y para concluir según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, las mujeres con diversidad funcional casi duplican la tasa de riesgo de pobreza extrema en comparación con el resto de la población. Registran el 37% en pobreza relativa y el 15,7 en pobreza severa.
Según el Informe Olivenza (2016) sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, desde una perspectiva de género, las mujeres con diversidad funcional presentan resultados de mayor exclusión social en prácticamente todos los indicadores.
De manera muy relevante, en el relacionado con el salario medio, que es casi 2.000 euros anuales inferior al de los varones con diversidad funcional, y en la situación de pobreza severa, con un punto porcentual por encima de los varones con diversidad funcional y seis por encima de la población general.
La prevalencia de la jornada parcial es más del doble en las mujeres que en los hombres (23,1% frente a 10,1%). El salario de las mujeres con diversidad funcional es un 8% menor que el del resto.
