La legislación nacional española reciente promueve el derecho a hacer elecciones a personas con diversidad funcional. Sin embargo, la disponibilidad de los distintos servicios depende de las regulaciones regionales, y los recortes presupuestarios durante la crisis financiera han llevado a restricciones en las opciones de los usuarios de servicios.

Repaso a la legislación nacional

Hay dos normativas recientes que apoyan que las personas con diversidad funcional vivan de manera independiente. La ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad reconoce el derecho de personas con diversidad funcional a decidir sobre sus vidas y a la plena participación en la comunidad. Sin embargo, existe la preocupación de que se ha puesto mayor énfasis en las opciones de cuidados residenciales que en aproximaciones basadas en apoyos comunitarios.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de 2.006 otorga a las personas en situación de dependencia beneficios económicos y opciones de servicios para el cuidado prestados por proveedores públicos y privados.
Con todo, el Foro de Vida Independiente, una organización de apoyo mutuo, critica el enfoque médico de esta ley y rechaza que no asumo el modelo social del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Papel de los gobiernos regionales y locales

La aplicación de las dos leyes corresponde a las comunidades autónomas (regiones con poder legislativo). La posibilidad real de elegir entre servicios depende por tanto de la capacidad regional y local. Los servicios comunitarios se organizan en el ámbito municipal, pero aquellos servicios especializados los organiza la comunidad autónoma correspondiente. Existen varios servicios disponibles, pero no hay ninguna flexibilidad para combinar diferentes servicios. En muchas áreas rurales, sólo el municipio ofrece los servicios ya que no está desarrollado el mercado privado.

La asistencia personal y los presupuestos personales

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia da derecho a las personas con diversidad funcional a asistencia personal: a los asistentes personales se les contrata durante un número de horas para ayudar a los usuarios de ese servicio en el hogar, el trabajo o en la educación. La evaluación de las necesidades se realiza de acuerdo a un enfoque médico basado en las capacidades funcionales en lugar de las necesidades de apoyo. Un equipo consistente en un doctor un trabajador social y un psicólogo designados por la comunidad autónoma decide el nivel de dependencia y propone un número de servicios para el ciudadano. Sólo a las personas con el nivel más alto de dependencia se les otorga un pago mensual para su asistencia personal. Las comunidades autónomas pueden libremente desarrollar su propia legislación sobre la asistencia personal e incluir condiciones adicionales para optar a este servicio.
El movimiento de apoyo mutuo influyó en la creación de Proyectos de Vida Independiente en Guipúzcoa, Barcelona y Madrid. Ofrecen servicios de asistencia personal en los que los usuarios se encargan activamente de la evaluación de sus necesidades, obtienen el pago para su asistencia personal, deciden sobre si quieren contratar por su cuenta a su asistente o si esa tarea será gestionada por la Oficina de Vida Independiente. Estos proyectos también se financian por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Impacto de la crisis

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia también tenía previsto un pago a los cuidadores familiares y al cuidador dado de alta en el sistema de la seguridad social. Según miembros de la ESN, esta opción supuso ser la mejor solución en aquellas áreas rurales en las que existen menos servicios para el cuidado. Además, muchas personas escogieron tener el apoyo de cuidados familiares y los fondos se observaban como un instrumento para empoderar a las personas con diversidad funcional y a sus cuidadores.

Las comunidades autónomas organizaban la preparación y el apoyo a los cuidadores familiares así como medidas para evaluar la utilización de los beneficios sociales que otorgaba la Ley.

A pesar de todo, la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia resultó difícil durante la crisis financiera y las contribuciones a la seguridad social se han reducido por cuidados en el ámbito familiar desde Julio de 2.012.

Como resultado, muchos usuarios del servicio tuvieron que optar por servicios sociales existentes antes que por cuidados domésticos. Más aún, con los cambios introducidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia durante el 2.012, personas que ya habían sido evaluadas con un grado 3 tuvieron que esperar hasta 2.015 para obtener el estatus de dependencia. La financiación del gobierno central a las regiones se ha visto reducida en 2.012 cerca de un 25 por ciento. Aunque existe un número creciente de solicitantes bajo los esquemas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, las comunidades autónomas han rebajado sus presupuestos para la vida independiente. La cantidad de perceptores de la prestación económica de asistencia personal disminuyó en un 41 por ciento entre 2.008 y 2.011.

Desarrollos futuros

En Agosto de 2.013, la asociación de directores y gestores de los servicios sociales informaron de que había 8.999 personas mensuales que no pudieron ser contempladas por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ya que fallecieron esperando su evaluación, o su grado de dependencia fue reducido. Existen preocupaciones de que el sistema establecido por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia basado en una mayor elección sea desmantelado.

Documento original (en inglés) de European Social Network